El derecho a entender
Meses atrás una vecina, un poco mayor ya, me comentó: Jordi, te veo en la Revista pero no puedo seguir bien lo que escribes porqué, claro, como está en catalán… Pensé, ¡que injusticia no conocer bien la lengua propia de donde uno vive! Pensé también en la maestra Marta Mata y en Pepe González, diputados socialistas en el parlamento catalán en los años 1980, catalano-hablante una y castellano-hablante el otro, decisivos para que se aprobase nuestro modelo de escuela pública. Recordemos que en aquel momento Convergència i Unió defendía una doble red de escuela pública, una en catalán y otra en castellano y fue precisamente la insistencia de los socialistas catalanes la que hizo posible una única escuela pública con el sistema de inmersión lingüística en catalán.
El objetivo no era sólo asegurar la cohesión de la sociedad catalana. Recuerdo muy bien otro argumento en boca de diputados socialistas castellano-hablantes: no queremos ser habitantes de segunda categoría; la única forma de tener todos los mismos derechos es que sepamos todos las dos lenguas, no queremos que se nos margine de trabajos y/o de puestos de responsabilidad porque no sepamos bien el catalán. Una doble red de escuela pública, una en cada lengua, significaría institucionalizar esta discriminación. Porque solamente una escuela pública única con inmersión lingüística garantiza que todos los alumnos sepan las dos lenguas en igualdad de condiciones al finalizar la enseñanza obligatoria. ¡Como así ha sido! Otros sistemas de doble escolarización en función de la lengua muestran que no se alcanza un igual conocimiento de ambas lenguas.
Es verdad que se ha hecho un esfuerzo para expandir el conocimiento del catalán entre las personas mayores a través, por ejemplo, de las escuelas de adultos. ¡Pero todos sabemos cuanto más fácil es aprender de niños! Y que quede claro, sólo hablamos del conocimiento de las lenguas. En cuanto a su uso, la decisión la tomará cada cual, ¡faltaría más! De lo que se trata es de proporcionar las mismas herramientas lingüísticas a todos los ciudadanos de Catalunya para poder ser ciudadanos con los mismos derechos (y por supuesto, con los mismos deberes).
Por esto me cuesta entender aquellas formaciones políticas que propugnan sistemas educativos que en la práctica eliminan derechos e igualdad de oportunidades para aquellos ciudadanos que dicen defender. Cosa distinta es la discusión de cómo organizar políticamente Catalunya y España. Por supuesto, cada uno tiene sus propias ideas. Pero aquí no estamos tratando de esto. Estamos tratando de cómo asegurar para todos las mismas oportunidades y derechos. A mi vecina le puede costar leer mis artículos en la Revista, pero sus nietos no tendrán este problema; los leerán o no, pero podrán tomar ellos la decisión solamente en función de su voluntad. ¿Vamos a renunciar a este derecho?
Jordi Casanova